21 de septiembre de 2022 | Carlos Banda Gerente, Gestión de Cuentas
Los recientes acontecimientos de nuestro país vecino del sur justifican un examen más detallado. Desde los acuerdos de disputa que Estados Unidos y Canadá han iniciado con México, hasta la introducción de un nuevo programa destinado a agilizar las transacciones de importación y exportación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, siga leyendo para entender los efectos que estos cambios pueden tener en su cadena de suministro e identificar los pasos que debe considerar ahora para mitigar el riesgo y maximizar las oportunidades de ahorro de costes.
Escuche la perspectiva arancelaria de esta semana en Trade & (grabada en inglés):
Estados Unidos y Canadá han iniciado consultas para la solución de controversias con México en el marco del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Las partes han iniciado lo que podría ser un largo proceso de consultas y de procedimientos formales ante un panel en virtud del capítulo 31 (Solución de diferencias) del acuerdo comercial.
Si se descubre que México viola los términos del USMCA y las partes no consiguen llegar a una resolución, Estados Unidos y Canadá podrían suspender la aplicación de beneficios a México, lo que podría dar lugar a la imposición de aranceles de represalia.
Las consultas se refieren a las medidas adoptadas por el gobierno mexicano que afectan a los intereses del sector energético estadounidense y canadiense en favor de la empresa estatal mexicana, Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de la compañía de petróleo y gas, PEMEX.
En 2013, el Congreso mexicano aprobó la Reforma Energética, permitiendo la inversión extranjera en el sector energético, que había estado fuertemente regulado durante décadas. En 2018, el panorama político en México cambió con la elección de un nuevo presidente.
Durante la transición del nuevo gobierno, los representantes de las administraciones existentes y entrantes participaron conjuntamente en las rondas finales de las negociaciones del USMCA. El nuevo gobierno solicitó que se incluyera una redacción específica en el capítulo 8 (Reconocimiento de la propiedad mexicana de los hidrocarburos), indicando que México conserva el derecho a reformar su régimen jurídico y mantiene la propiedad de sus hidrocarburos. Esta redacción está ahora en el centro de la disputa.
Desde que la nueva administración asumió el cargo, México ha perseguido cambios en su política energética. En 2021, México modificó la Ley de la Industria Eléctrica para dar prioridad a la electricidad generada por la CFE sobre la de los competidores privados. México también bloqueó a las empresas que operan con energías renovables y restringió la importación de electricidad y combustible, tal y como permitía la legislación de 2013. Recientemente, en 2022, el gobierno exigió que el operador nacional de gas, el Centro Nacional del Control del Gas (CENEGAS), demostrara que el gas natural procedía específicamente de PEMEX.
La disputa puede tener importantes implicaciones en el sector energético norteamericano. Las reglas de procedimiento del USMCA permiten que un panel considere las opiniones escritas presentadas por entidades no gubernamentales durante la disputa.
Será interesante ver si las empresas canadienses y estadounidenses participan, dados sus intereses económicos en el asunto. Si no se llega a un acuerdo y Estados Unidos y Canadá imponen aranceles de represalia, éstos pueden imponerse a cualquier producto exportado desde México. Esto podría repercutir en muchas cadenas de suministro estadounidenses y canadienses y en el coste total en destino.
Por ahora, las partes tienen hasta el 3 de octubre de 2022 para resolver este asunto mediante consultas. Esta semana, el secretario de Estado de EE.UU., John Blinken, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo más probable es que este tema estuviera en la agenda, dados los comentarios realizados al día siguiente por el presidente mexicano durante su conferencia de prensa diaria.
Las autoridades mexicanas pusieron en marcha el programa Aviso de Cruce (AVC) el 1 de agosto de 2022. El programa pretende sustituir a las opciones Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA) y Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA). El objetivo del programa es agilizar las transacciones de importación y exportación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México vinculando los manifiestos de carga a un vehículo de transporte mediante etiquetas RFID.
Sin embargo, la puesta en marcha del programa no ha sido sencilla. Las dos agencias implicadas -Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Agencia Nacional de Aduanas (ANAM)- no compartían inicialmente la información completa a través de sus sistemas. Esto causó grandes problemas en la frontera porque las transacciones no se cotejaban en el sistema SAT, el sistema responsable de la recaudación de ingresos. Hasta que ambas agencias sean capaces de coordinarse más para una implementación racionalizada, la implementación de este programa ha sido puesta en espera hasta nuevo aviso.
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